Siendo que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3.1 consagra como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, la razón de ser del Estado debe centrarse en alcanzar el bienestar general que se materializa a partir de la cabal garantía de estos derechos.

Sin embargo, una política de Estado solidaria, general, con enfoque en el reconocimiento de la dignidad de las personas, cuyo fin sea superar la pobreza y lograr la igualdad material de derechos, sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos de turno.

Debemos entender que, existe una relación entre pobreza y violación de derechos humanos; así, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; además, el artículo 22 de la misma Declaración consagra que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Hay que dejar por sentado que, la pobreza denigra la dignidad de la persona.

Es necesaria una reingeniería de actuar del Estado en materia de política económica y social, partiendo del hecho de que: los individuos y grupos humanos, por una parte, puedan participar del ejercicio real de sus derechos humanos; y que, el gobierno, por la otra parte, asuma su rol y satisfaga adecuadamente las necesidades de la población, respondiendo a sus legítimas demandas y trabajando efectivamente, dotando de inversión social suficiente, reduciendo así la desigualdad que hoy por hoy es la afrenta más grave a los derechos fundamentales.

Es imperativa la inversión del Estado en sectores claves como la salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda. Citando a Ferrajoli, es cierto que, garantizar los derechos sociales cuesta, pero es mucho más caro el estado de indigencia provocado por su falta.

En consecuencia, existe un nexo entre el desarrollo económico y las garantías de estos derechos de los que dependen el bienestar y la calidad de vida, por ende, la realización del ansiado buen vivir de las personas. Así, los gastos sociales necesarios para la garantía de tales derechos son inversiones económicas primordiales, dado que de ellas depende el desarrollo tanto individual como colectivo.

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